A través de esta recopilación, la European Prison Litigation Network, sus miembros y asociados tienen como objetivo informar a los abogados nacionales y a las organizaciones de la sociedad civil de las novedades jurídicas más importantes en materia penitenciaria.La recopilación abarca 14 estados miembros de la Unión Europea, así como Ucrania, Moldavia, Reino Unido y Rusia.
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CONTACTO CON EL MUNDO EXTERIOR
En Alemania, un Tribunal Regional Superior reiteró que, al denegar solicitudes de permisos penitenciarios, la administración penitenciaria debe justificar mediante elementos concretos el riesgo de fuga o de comisión de nuevos delitos.
En Grecia, la Fiscalía del Tribunal Supremo de lo Civil y de lo Penal emitió una circular sobre el derecho de los reclusos a visitar a familiares cercanos gravemente enfermos o, en caso de fallecimiento, a asistir a sus funerales. La circular da continuidad a una sentencia del TEDH que declaró que se habían vulnerado los derechos de un recluso que no pudo visitar a su madre enferma ni asistir posteriormente a su funeral.
En Polonia, el Comisario para los Derechos Humanos emitió una declaración en la que criticaba las recientes enmiendas al Código Penal Ejecutivo que han limitado en la práctica el acceso de los reclusos a las llamadas telefónicas.
En Rumanía, siguiendo una recomendación del Defensor del Pueblo, la administración penitenciaria redujo de 30 a 7 días el plazo máximo en el que debe proporcionar sobres y sellos a los reclusos.
En España, el Tribunal Supremo dictaminó que los centros penitenciarios deben resolver las solicitudes de permisos ordinarios de los presos en un plazo máximo de tres meses – excepto aquellas solicitudes que tengan un carácter extraordinario. El plazo de seis meses que recurrió el recluso en este caso concreto se consideró excesivamente largo.
En Ucrania, un decreto establece un proyecto piloto para la prestación de servicios prepago a los presos preventivos, incluido el acceso a Internet y a las comunicaciones telefónicas. El decreto plantea algunas cuestiones sobre el respeto a la privacidad de los detenidos, así como el posterior almacenamiento y gestión de las grabaciones de las comunicaciones privadas.
CONDICIONES DE DETENCIÓN
En Bélgica, una Comisión de Quejas y Reclamaciones determinó que las condiciones de detención de un preso recluido en una celda hacinada constituían una violación del art. 3 del CEDH. De esta manera, la Comisión, que en principio revisa decisiones individuales adoptadas por los directores de los centros penitenciarios, abordó un problema estructural de las prisiones belgas. También en Bélgica se dieron a conocer los informes anuales de las Comisiones de Vigilancia Penitenciaria, encargadas de supervisar las condiciones de detención.
En Francia, el Tribunal Supremo Administrativo falló a favor de las ONGs que habían presentado una demanda contra las terribles condiciones de detención en una de las prisiones del país, y ordenó la adopción de medidas urgentes. En su decisión, el Tribunal Supremo tuvo en cuenta las conclusiones de una visita de un diputado a la prisión, que contradecían el enfoque restrictivo del caso adoptado por el tribunal administrativo de primera instancia. También en Francia, un tribunal administrativo de primera instancia ordenó al Estado que adoptara medidas urgentes para mejorar las condiciones de detención en una de las prisiones del país. El tribunal basó su sentencia en las duras conclusiones formuladas por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura tras su visita a esta prisión unos meses antes.
En Alemania, el Tribunal Constitucional Federal dictaminó que los reclusos pueden impugnar las decisiones relativas a sus traslados a otros centros penitenciarios, incluso después de que dichos traslados se hayan llevado a cabo.
En Lituania, se abrirá un séptimo centro de reinserción, enfocado en preparar a los reclusos para la vida en libertad.
En Polonia, el Comisario para los Derechos Humanos emitió una declaración criticando la práctica de denegar a los reclusos el derecho a vestir su propia indumentaria en los centros penitenciarios semiabiertos. En España, un protocolo firmado entre la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y el Gobierno vasco estableció las plazas óptimas y máximas para cada uno de los centros penitenciarios vascos traspasados, como indicador para evaluar la oposición a un traslado entre establecimientos pertenecientes a distintas Administraciones Penitenciarias.
SANIDAD
En Austria, como consecuencia de las modificaciones introducidas en el Código Penal y en la Ley Penitenciaria, decenas de personas recluidas en régimen de prisión preventiva podrían ser puestas en libertad en septiembre de 2023 sin haber sido preparadas adecuadamente para su reinserción en la comunidad.
En Bulgaria, un tribunal administrativo declaró inadmisible el recurso de una reclusa con diversidad funcional que afirmaba haber sufrido trato inhumano y degradante porque la administración penitenciaria no la había personado ante la comisión competente para certificar su discapacidad. La administración penitenciaria acabó actuando y el tribunal dio por concluido el procedimiento sin examinar el fondo de la cuestión.
En Lituania, el Defensor del Pueblo publicó un informe en el que hacía constar una serie de deficiencias en la prevención y el tratamiento de las enfermedades infecciosas en prisión (hepatitis B y C, tuberculosis, VIH/sida y enfermedades de transmisión sexual).
En Moldavia, el sistema sanitario penitenciario sigue adoleciendo de diversas deficiencias, como pone de manifiesto un reciente presentación conjunta ante la ONU de Promo-LEX y EPLN.
En Polonia, el Ministerio de Justicia se opuso a la propuesta de proporcionar a los reclusos métodos de diagnóstico no invasivos para la hepatitis C, argumentando que los servicios sanitarios ofrecidos a los reclusos no deberían diferir de los disponibles en el sistema sanitario ordinario.
En Portugal, un tribunal de apelación rechazó la solicitud de un recluso de ser trasladado de un hospital penitenciario a un hospital psiquiátrico civil para cumplir su condena tras haber sido agredido por otros reclusos.
RECLUSOS EXTRANJEROS
En Hungría, el gobierno adoptó un decreto ordenando la excarcelación de extranjeros condenados por tráfico de personas. Las personas excarceladas en virtud de esta medida deberán abandonar el país en un plazo de tres días. En la práctica, no están siendo supervisadas.
PRISIÓN PERMANENTE
En Alemania, el Tribunal Constitucional Federal dictaminó que, al examinar las solicitudes de libertad condicional de los condenados a prisión permanente, los tribunales competentes deben tener en cuenta la edad y la esperanza de vida del solicitante, además del riesgo de reincidencia y el tiempo ya cumplido.
El TEDH comunicó un caso al gobierno de Moldavia concerniente al acceso a la educación de un preso condenado a prisión permanente.
DERECHO PENAL
En República Checa, el gobierno anunció una serie de enmiendas al Código Penal destinadas a disminuir la población penitenciaria, ya que el país posee una elevada tasa de encarcelamiento en comparación con la media de la UE.
En Alemania, una serie de enmiendas al Código Penal han modificado la tasa para convertir una multa penal impagada en una pena privativa de libertad. Las enmiendas también pretenden reducir el número de personas que deben ingresar en centros de desintoxicación de alcoholismo y drogadicción por la comisión de delitos penales, lo que podría provocar un aumento de reclusos con problemas de drogodependencia y alcoholismo en el sistema penitenciario ordinario.
En Lituania, enmiendas al Código Penal han incrementado el umbral de los daños causados por algunos delitos contra la propiedad, delitos económicos y financieros, lo que determina la gravedad del delito. Como consecuencia, un menor número de hechos tipificados se calificarán como delitos graves, lo que repercutirá en la duración de la pena privativa de libertad que puede imponerse.
PERSONAL PENITENCIARIO
En Polonia, a raíz de información aparecida en los medios de comunicación sobre casos de acoso laboral a funcionarios de prisiones subalternos por parte de sus superiores, el Comisario para los Derechos Humanos solicitó información adicional a la Administración Penitenciaria sobre la magnitud del fenómeno y las medidas adoptadas para contrarrestarlo.
En Portugal, el Director General de Reinserción y Servicios Penitenciarios de Portugal alertó sobre el déficit de personal penitenciario y el envejecimiento de los funcionarios de prisiones y los técnicos penitenciarios – cuya edad media supera los 50 años.
LA PRISIÓN EN TIEMPOS DE GUERRA
En Rusia, un grupo de diputados propuso enmiendas a la Ley del Servicio Militar para permitir la contratación del servicio militar con personas que cuenten con antecedentes penales y para excarcelar a reclusos que hayan firmado contratos de servicio militar. Esta propuesta se produce en un contexto de reclutamiento masivo de reclusos por parte de la empresa militar privada rusa Wagner y de las autoridades rusas para luchar en la guerra de Ucrania.
DERECHOS PROCESALES
En Bulgaria, el Comité de Helsinki Búlgaro publicó el primer Manual de Autoayuda para Pleitear destinado a los reclusos. También en Bulgaria, los tribunales administrativos continúan concediendo indemnizaciones muy bajas por trato inhumano y degradante a los presos recluidos en malas condiciones de detención.
En Polonia, el Comisario para los Derechos Humanos pidió que se modificaran los procedimientos de quejas y reclamaciones en los establecimientos penitenciarios, ya que el sistema actual no garantiza una investigación exhaustiva y efectiva de las denuncias, como consecuencia de las enmiendas aprobadas en 2022.
En Portugal, un tribunal de apelación dictaminó que, cuando los reclusos que cumplen condena en arresto domiciliario incumplan sus obligaciones y puedan ver sustituida esta modalidad de cumplimiento de condena por internamiento en un centro penitenciario, el tribunal competente debe oírlos so pena de nulidad y debe justificar debidamente su decisión.
DERECHO AL VOTO
En Bulgaria, decenas de reclusos a los que se les había prohibido votar durante las elecciones parlamentarias de abril de 2023 recurrieron ante el TEDH.
En Grecia, la Fiscalía del Tribunal Supremo de lo Civil y de lo Penal dictaminó que la pena adicional de privación del derecho al voto impuesta a determinados reclusos antes de la entrada en vigor del nuevo Código Penal ya no es de aplicación. De esta forma, permitió a los reclusos participar en las elecciones parlamentarias griegas de mayo de 2023.
SEGURIDAD
En Bélgica, un Tribunal de Apelación declaró que los registros corporales con genuflexión a los que se sometió a los acusados de los atentados de Bruselas de 2016 antes de su traslado al tribunal para asistir a su juicio carecían de base legal y ordenó a las autoridades belgas que pusieran fin a esta práctica.
En Hungría, el gobierno publicó un proyecto de ley para modificar la Ley Penitenciaria. El proyecto de ley propone establecer un sistema de evaluación de los reclusos, según el cual el comportamiento de aquéllos combinado con un mecanismo para otorgar o restar puntuaciones, determinará su clasificación y su ubicación en diferentes categorías de régimen de internamiento.
En España, la Administración Penitenciaria de Cataluña y varios sindicatos de funcionarios de prisiones concluyeron un plan de actuación para mejorar la seguridad en las cárceles catalanas, que fue ampliamente criticado por las ONGs locales, entre otras cosas, por el uso de aerosoles en espacios cerrados como medida previa a la entrada de los equipos de intervención.
También en España, el gobierno catalán firmó un contrato con una empresa de seguridad privada para desarrollar un sistema de Inteligencia Artificial basado en el reconocimiento biométrico para anticiparse a los incidentes que puedan darse, durante esta fase piloto, en uno de los centros penitenciarios de esa Comunidad Autónoma.
En Reino Unido, las enmiendas a la normativa que rige la disciplina interna en los centros penitenciarios y en los centros para menores delincuentes otorgan al juez la facultad de evaluar si un caso se le ha remitido correctamente y, en caso contrario, devolver el asunto al director de la prisión.
AJUSTES DE CONDENA
En Rusia, el Tribunal Constitucional ha presentado una serie de directrices para recalcular las penas de prisión de los reclusos que hayan sido enviados por error a centros penitenciarios con un régimen más estricto que el que les correspondía.
También en Rusia, las enmiendas al Código Penal suprimieron el límite de edad a partir del cual no puede imponerse una pena de trabajos forzados. Este cambio legislativo se hace eco de los planes de la Administración Penitenciaria Rusa (FSIN) y del Ministerio de Justicia para implicar activamente a los reclusos en la ejecución de los contratos comerciales estatales y privados del FSIN.
En Reino Unido, el Tribunal Superior consideró ilegales la normativa de la Junta para la Libertad Condicional que impide a los funcionarios de prisiones y a los psicólogos presentar una opinión o recomendación sobre la idoneidad de un recluso para acceder a la libertad condicional o pasar a régimen abierto.
También en Reino Unido, el Tribunal Supremo dio orientaciones sobre el ámbito en el que ha de enfocarse la evaluación del riesgo que ha de realizar la Junta para la Libertad Condicional respecto a los reclusos que cumplen condenas determinadas, y sobre cómo la Junta para la Libertad Condicional puede hacer uso de alegaciones no probadas hechas sobre un recluso.
SUICIDIO
En España, la Administración Penitenciaria vasca adoptó un nuevo protocolo para la prevención del suicidio en prisión. Entre otras medidas, el protocolo refuerza el papel de los llamados “internos de apoyo” encargados de asistir y acompañar a los internos con tendencias suicidas, y que recibirán formación específica y remuneración por esta tarea.
TORTURA Y MALOS TRATOS
En Ucrania, se ha aprobado un nuevo procedimiento de alimentación forzada para reclusos que se niegan a comer. Dadas las numerosas deficiencias que presenta, puede afirmarse que el nuevo procedimiento no cumple los requisitos establecidos en las directrices del TEDH y del CPT.
Un agradecimiento especial a nuestros miembros y asociados por redactar conjuntamente esta recopilación!
Esta recopilación está financiada por la Unión Europea y el Fondo Robert Carr. Sin embargo, los puntos de vista aquí expresados son únicamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea, la Comisión Europea o el Fondo Robert Carr. Ni la Unión Europea, ni la Comisión Europea, ni el Fondo Robert Carr pueden considerarse responsables de las mismas.
