Recursos legales

JULIO-SEPTIEMBRE 2025

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En Rumanía, una ordenanza modificó una disposición que permitía a los directores de los centros penitenciarios denegar a los reclusos el acceso a cursos universitarios en base a su “conducta”, lo que se consideró una violación del derecho a la educación garantizado por la Constitución rumana.

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En Hungría, un tribunal rechazó una demanda de indemnización presentada por un antiguo recluso con problemas de salud crónicos a quien se le había privado de una atención médica adecuada durante su reclusión, lo que pone de relieve las importantes lagunas en la protección de los reclusos que necesitan asistencia diaria.

En Rumanía, se prevé una refundición de las órdenes ministeriales que regulan la asistencia sanitaria en los centros penitenciarios y que tiene por objeto reforzar el acceso de los reclusos a una atención médica adecuada, entre otras cosas abordando las prácticas divergentes entre los distintos centros y garantizando la continuidad del tratamiento de las afecciones de alto riesgo.

En Españacomenzaron las obras para la construcción de un módulo penitenciario en el Hospital Universitario de Navarra, destinado a acoger a los reclusos que requieran hospitalización. Aunque la asistencia sanitaria penitenciaria se transfirió del Estado a la Comunidad Autónoma de Navarra en 2021, la región no contaba con un módulo de este tipo hasta ahora.

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En Bulgaria, un tribunal dictaminó que el cálculo del espacio personal en una celda penitenciaria debe basarse en la superficie total de la celda sin deducir el espacio ocupado por el mobiliario (no disponible en línea).

En Italia, el Gobierno presentó su nuevo “Plan Penitenciario”, orientado a abordar el hacinamiento en las prisiones. El plan se centra en ampliar la capacidad y el número de centros penitenciarios, introducir nuevas medidas de arresto domiciliario para los reclusos con antecedentes de consumo de drogas o alcohol y facilitar el acceso a la libertad anticipada.

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También en los Países Bajos, el Comité de Apelaciones anuló la decisión de trasladar a un recluso a un centro penitenciario alejado de su lugar de residencia, recalcando que las limitaciones de espacio y capacidad por sí solas no pueden justificar el incumplimiento del requisito de mantener a los reclusos lo más cerca posible de su red de contactos.

Por último, en los Países Bajos, el Comité de Apelaciones dictaminó que la falta de un intérprete  no era un motivo válido para cancelar la visita a un recluso.

En Portugalse han instalado más de 9,000 teléfonos fijos dentro de las celdas de los centros penitenciarios, lo que permite a los presos acceder gratuitamente a números de teléfono preautorizados, incluidos números de interés público, como el de la oficina del Defensor del Pueblo.

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En Bélgica, se remitió al Tribunal Constitucional una cuestión prejudicial para que resolviera sobre jurisprudencia contradictoria relativa a si las denuncias de los reclusos deben limitarse a la legalidad de una decisión o si también pueden impugnar las medidas adoptadas para ejecutarla.

En Bulgaria, un tribunal de casación confirmó la anulación de una sanción disciplinaria impuesta a un recluso angloparlante al que no se le había proporcionado un intérprete durante la vista oral del procedimiento disciplinario, lo que le impidió comprender plenamente la terminología utilizada en  dicho procedimiento.

En Hungría, una campaña promovida por la sociedad civil en la que participaron antiguos reclusos y familiares de reclusos ha conseguido que casi la mitad de los centros penitenciarios del país publiquen en Internet sus Reglamentos internos, mejorando con ello el acceso a las normas fundamentales que rigen el día a día de los reclusos, así como el régimen de visitas y de comunicaciones del sistema penitenciario.

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Rusia  se ha retirado formalmente del Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos y Degradantes, privando así al Comité Europeo para la Prevención de la Tortura de la base jurídica necesaria para llevar a cabo visitas de supervisión en el país.

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En Francia, el Tribunal Constitucional confirmó la constitucionalidad de una nueva ley que suprimía para los reclusos el voto por correo en las elecciones municipales y legislativas. La ley mantiene la posibilidad de votar por correo en las elecciones a nivel nacional (presidenciales, europeas y referendos), pero en lo que respecta a otras elecciones limita las opciones de voto a dos: votar por delegación o votar mientras se está en libertad provisional.

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En Portugal, el Defensor del Pueblo ha señalado importantes deficiencias en las condiciones laborales en los centros penitenciarios, en particular los salarios muy bajos que paga la administración penitenciaria.

En Rumanía, la administración penitenciaria ha adoptado una ordenanza para revisar la normativa vigente en materia laboral penitenciaria, incluyendo la supresión de las disposiciones legales que anteriormente impedían trabajar a determinadas categorías de reclusos.

También en Rumanía, una ordenanza aumentó el número de créditos que los reclusos pueden obtener por cada día de trabajo, en el marco del sistema de recompensas por trabajo, educación y actividades de rehabilitación; lo que hace las condiciones para obtener beneficios clave, como los permisos de salida, sean más realistas.

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Traduzido por Filipa Samões Azevedo


Un agradecimiento especial a nuestros miembros, asociados y voluntarios por redactar conjuntamente esta recopilación!

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