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ENERO-MARZO 2025

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En Austria, un reciente informe del Ministerio de Justicia pone de manifiesto las deficiencias en la aplicación de la Decisión Marco de la UE relativa a la aplicación de reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal, que impiden el traslado de presos a su país de origen, y recomienda la adopción de las directrices de la UE.

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También en Bulgaria, el reciente caso de un preso gravemente enfermo que murió un día después de ser puesto en libertad condicional demuestra una vez más que la falta de un mecanismo para suspender permanentemente la ejecución de una pena de prisión por motivos de salud es una deficiencia importante del marco jurídico nacional.

En Alemania, el Tribunal Constitucional Federal rechazó la solicitud de suicidio asistido de un recluso  por considerar insuficiente la razón aducida (la «falta de perspectivas» debida a su larga condena de prisión unida a su avanzada edad).

En Moldavia, el Plan de Actividades de la administración penitenciaria para 2025 incluye el traspaso de las competencias en materia de asistencia santiaria en las prisiones del Ministerio de Justicia al Ministerio de Sanidad.

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En Ucraniase ha creado un Consejo Asesor de Expertos bajo la autoridad de la Administración Penitenciaria. Sin embargo, la decisión de no invitar a formar parte del consejo a ninguna de las ONGs más importantes que trabajan en cuestiones penitenciarias, unido al hecho de que dos de los grupos de trabajo del Consejo están presididos por controvertidos funcionarios de la administración penitenciaria que solían supervisar centros penitenciarios identificados por el CPT como lugares de tortura, pone en duda que el proceso de reforma vaya a adaptar efectivamente el sistema penitenciario de Ucrania a los estándares europeos.

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En Hungría, el Tribunal Constitucional ha dictaminado que los reclusos gravemente enfermos que soliciten el arresto domiciliario deben ser oídos en persona si así lo solicitan. También destacó que los tribunales ordinarios que conozcan del caso no están vinculados por la opinión del médico de la prisión sobre si debe concederse el arresto domiciliario.

En Polonia, el Ministerio de Justicia presentó un proyecto de enmienda que, pretende ampliar de siete a catorce días el plazo para que los reclusos presenten quejas si consideran que sus derechos han sido vulnerados en prisión. La Fundación Helsinki para los Derechos Humanos considera que esta propuesta es insuficiente para mejorar la protección de los derechos de los reclusos, ya que las denuncias presentadas podrían seguir siendo rechazadas independientemente de la gravedad de la situación, incluidos los casos de tortura.

En Rumanía, los reclusos ya pueden presentar sus quejas y peticiones ante la Administración Penitenciaria a través de un sistema informático disponible en todos los centros penitenciarios del país.

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En Portugal, el Ministerio de Justicia anunció planes para introducir teléfonos móviles e inhibidores de señal de drones en los centros penitenciarios. Esta medida forma parte de un plan más amplio destinado a reforzar la seguridad en las prisiones, desencadenado por una fuga en 2024.

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¡Un agradecimiento especial a nuestros miembros y asocidos por redactar conjuntamente esta recopilación!

European Prison Litigation Network
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