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ABRIL-JUNIO 2025

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En Bélgica, un nuevo informe elaborado por el Organismo Federal para la Igualdad y el MNP para centros penitenciarios concluye que persisten las deficiencias en el sistema de salud mental penitenciario, a pesar de que organismos nacionales e internacionales llevan muchos años denunciando estas mismas deficiencias, y formula recomendaciones específicas.

En Polonia, el Comisionado para los derechos humanos subrayó la necesidad de modificar el procedimiento para informar a los familiares de los presos sobre el deterioro de su salud, ya que las normas actuales pueden dejar a los familiares sin acceso a información, en aquellos casos en los que el preso no pueda dar su consentimiento debido a su estado de salud.

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En Alemania, un tribunal dictaminó que la retirada de una prestación relacionada con las condiciones de la detención requiere de una justificación válida. El caso se refería a una persona trasladada de una habitación individual a una habitación doble en un centro psiquiátrico forense. Dado que la normativa procesal que regula los internamientos en centros psiquiátricos forenses se rige por la Ley Federal Penitenciaria, la sentencia también es relevante en el contexto penitenciario.

También en Alemania, un tribunal desestimó la decisión de la administración penitenciaria de reducir el tiempo en el que las puertas de las celdas permanecen abiertas alegando falta de personal, y subrayó que es responsabilidad de la prisión planificar adecuadamente su plantilla.

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En Hungría, el Parlamento aprobó una ley que aumenta las penas por delitos relacionados con las drogas y restringe la libertad condicional para los reincidentes. Existe el temor de que abordar los delitos relacionados con las drogas exclusivamente mediante la aplicación de la ley provoque un aumento de la población penitenciaria sin reducir sustancialmente el consumo de drogas.

En Italia, una reforma de la legislación penal introdujo nuevos delitos y penas más severas, entre ellos ¨los disturbios y motines penitenciarios¨, y redujo la protección para las mujeres embarazadas y las madres presas. Ha sido ampliamente criticada por agravar el hacinamiento y por su procedimiento de adopción constitucionalmente cuestionable.

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En Italia, el Ministerio de Justicia emitió directrices a las administraciones penitenciarias locales para que implementen el derecho de los reclusos a disfrutar de visitas íntimas (vis a vis), reconocido por el Tribunal Constitucional en enero de 2024.

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En Bulgaria, los tribunales conceden indemnizaciones dispares por violaciones de derechos derivadas de condiciones de detención inadecuadas.

En Alemania, el Tribunal Constitucional Federal dictaminó que la expulsión de un recluso que cumplía una medida de seguridad privativa de libertad una vez cumplida la pena de prisión (Sicherungsverwahrung) no pone fin al procedimiento de libertad condicional, dada la importante vulneración del derecho a la libertad que supone el cumplimiento de la medida de seguridad privativa de libertad.

También en Alemania un tribunal dictaminó que los reclusos no tienen derecho a que se les entregue un recibo confirmando que han presentado solicitudes por escrito ante el personal penitenciario, al tiempo que dictaminó que es responsabilidad de los reclusos demostrar que han presentado una solicitud.

En Polonia, la Fundación de Helsinki para los Derechos Humanos ha instado al Ministro de Justicia a garantizar que todas las actuaciones normativas de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se publiquen oficialmente, subrayando que dicha publicación es esencial para la seguridad jurídica y la rendición de cuentas.

En Portugal, un tribunal dictaminó que un juez que haya participado en la imposición de la condena pueda también revisar la solicitud de la puesta en libertad anticipada del recluso.

También en Portugal, un tribunal de apelación consideró que carecía de competencia para revisar una decisión adoptada por el Tribunal de Ejecución de Penas por el que se denegaba un permiso de salida de prisión, ya que dichas decisiones se dictan oralmente. Esta decisión judicial contradice la jurisprudencia establecida del Tribunal Constitucional, que reconoce el derecho de los presos a recurrir la denegación de sus permisos de salida. 

Finalmente, en lo que respecta a Portugal, un tribunal de apelación dictaminó que las decisiones de los Tribunales de Ejecución de Penas sobre los recursos contra las sanciones disciplinarias impuestas por los directores de prisiones son definitivas y no están sujetas a apelación.

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En Lituania, la Administración Penitenciaria inauguró una segunda unidad especializada destinada a preparar a los reclusos con riesgo de reincidir para su puesta en libertad condicional.

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En Ucrania, los recientes informes de organismos estatales denunciando casos de tortura en centros penitenciarios (en PoltavaJárkov y Kiev) son indicativos de la persistencia del fenómeno, así como de la mayor eficacia de los procedimientos destinados a combatirlo.

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За координації Юга де Сюрмейна та Беранжера Домінічі

Перекладено Софією Парасюк


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